El presidente Yamandú Orsi presentó esta semana a Uruguay como “un hub regional confiable” para desarrollar inteligencia artificial, ante jefes de Estado y empresas tecnológicas reunidos en Nueva York. Días antes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, había precisado una de las metas del gobierno: captar “cuatro o cinco” nuevos centros de datos durante este período.

La apuesta coincide con la construcción del Proyecto Teros de Google en Canelones, su primer centro de datos de hiperescala en Uruguay, y con la ampliación de la infraestructura de la empresa estatal de telecomunicaciones Antel. Para el país, el desafío va más allá de atraer inversiones: también supone prever los efectos de estas instalaciones y fortalecer la capacidad del Estado para supervisarlas.

Dos investigaciones de Amenaza Roboto publicadas en 2026 documentaron problemas ambientales y de evaluación de estas infraestructuras. La primera, El calor detrás de la nube, identificó mediante imágenes satelitales una isla de calor alrededor del centro de datos de Antel en Pando y encontró que el Proyecto Teros no había incluido ese efecto térmico en su evaluación ambiental. La segunda, Los vecinos de Google, detectó en el expediente del proyecto una línea de base de calidad del aire insuficiente, niveles de ruido por encima de los límites permitidos y nueve requisitos ambientales postergados para la etapa de operación. En julio, cuatro familias vecinas recurrieron judicialmente la autorización de la obra.

Estos antecedentes plantean preguntas sobre la capacidad del Estado para supervisar instalaciones de gran escala. La llegada de empresas tecnológicas globales abre, además, otra pregunta: ¿qué necesita Uruguay para que esas inversiones fortalezcan sus capacidades digitales y no profundicen su dependencia de proveedores extranjeros?

Sobre estos desafíos, Amenaza Roboto consultó a Cuihong Cai, profesora de Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Americanos de la Universidad de Fudan y vicedirectora de su Centro de Gobernanza Global Innovadora de Inteligencia Artificial. Las respuestas de Cai reflejan su punto de vista personal.

¿Qué puede ocurrir con la infraestructura digital crítica de un Estado pequeño cuando llega una instalación privada de hiperescala mucho mayor? ¿Es ese un problema de gobernanza, de soberanía o de ambos?

De ambos. En el plano de la gobernanza, la cuestión tiene que ver con la coordinación regulatoria y la previsión de las políticas públicas: los gobiernos deben evaluar no solo los proyectos individuales, sino también su impacto sistémico sobre la infraestructura digital nacional.

Sin embargo, en un nivel más profundo, también es una cuestión de soberanía digital. Los centros de datos nacionales suelen cumplir funciones que van más allá de la lógica del mercado: sostienen servicios gubernamentales, el almacenamiento de datos públicos y el control estratégico sobre los flujos de información.

Si la capacidad operativa de estas instituciones se ve debilitada indirectamente por la llegada de infraestructuras privadas mucho mayores, especialmente aquellas operadas por empresas tecnológicas globales, el Estado puede perder gradualmente el control práctico sobre partes de su ecosistema digital.

Para los Estados más pequeños, con reservas limitadas de talento técnico, esta asimetría estructural se vuelve aún más pronunciada.

En su trabajo describe cómo los países en desarrollo corren el riesgo de quedar atrapados en trayectorias de dependencia tecnológica. ¿Alojar infraestructura extranjera de las Big Tech acelera o desacelera esa dependencia?

La respuesta no es puramente negativa o positiva: depende de cómo esa infraestructura se integre en las estrategias nacionales de desarrollo.
Alojar instalaciones de hiperescala puede traer inversión, conectividad y acceso a ecosistemas digitales globales. En algunos casos, incluso puede acelerar el aprendizaje tecnológico.

Sin embargo, si el sistema de innovación doméstico sigue siendo débil, la presencia de infraestructura extranjera de las Big Tech puede reforzar la dependencia en lugar de reducirla.

Los centros de datos no son únicamente infraestructura física; también son nodos dentro de arquitecturas globales de nube, inteligencia artificial y gobernanza de datos.

Sin políticas que desarrollen capacidades locales —como formar ingenieros, apoyar servicios de nube nacionales o garantizar un acceso equitativo a recursos de cómputo—, la trayectoria tecnológica de un país puede quedar cada vez más moldeada por plataformas externas.

Cuando un Estado regula a un gigante tecnológico extranjero y, al mismo tiempo, opera infraestructura que compite con él, ¿cómo debería ser una buena gobernanza? ¿Es posible gestionar esa tensión?

Este tipo de tensión es cada vez más común en la economía digital.
Una buena gobernanza exige que el Estado desempeñe simultáneamente dos papeles: el de regulador y el de actor estratégico responsable de proteger la infraestructura digital nacional.

Para gestionar esto de manera efectiva son esenciales la transparencia y la coordinación entre distintas áreas de política pública. La planificación de infraestructura, la política de competencia, la gobernanza de datos y las consideraciones de seguridad nacional no deberían evaluarse de manera aislada.

Particularmente en los países más pequeños, el desafío central consiste en garantizar que la capacidad regulatoria avance al mismo ritmo que la escala y la influencia de las empresas tecnológicas globales.

La tensión puede gestionarse, pero exige un diseño institucional proactivo y planificación de largo plazo.

¿Cómo explicaría a una audiencia general por qué un centro de datos operado por el Estado es categóricamente distinto de uno privado y por qué el deterioro de esa capacidad es más difícil de revertir que una pérdida en un balance contable?

Un centro de datos operado por el Estado no es simplemente un activo comercial; forma parte de la infraestructura pública digital de un país.

Aloja servicios gubernamentales sensibles, bases de datos nacionales y, en algunos casos, sistemas críticos de comunicación. La experiencia, el conocimiento institucional y los equipos técnicos que sostienen esas instalaciones también son activos estratégicos.

Si esas capacidades se deterioran —por ejemplo, debido a la migración de talento o a una dependencia de largo plazo de plataformas externas—, reconstruirlas puede llevar muchos años.

Un centro de datos privado, en cambio, está organizado principalmente en torno a la eficiencia del mercado y al valor para sus accionistas. La pérdida de participación de mercado muchas veces puede compensarse mediante nuevas inversiones o una reestructuración.

Pero reconstruir infraestructura digital soberana implica reconstruir capacidad institucional, capital humano y autonomía tecnológica, algo mucho más complejo.