Los datos surgen de 24 solicitudes de acceso a la información pública. Se cursaron entre el 15 y el 19 de mayo de 2026 a ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados, bancos estatales, universidades públicas y unidades de Presidencia. Diecinueve organismos respondieron con datos sustantivos entre junio y julio de 2026. Cuatro invocaron excepciones previstas en la ley para no informar y uno no contestó.

Cada solicitud incluía el mismo formulario de ocho preguntas con opciones para marcar. Las seis que trata este artículo miden tres aspectos del uso de inteligencia artificial generativa por parte de los funcionarios: si el organismo sabe qué ocurre, qué reglas escribió sobre ese uso y qué medidas adoptó.

Ninguno de los 19 organismos sostiene que el uso no ocurra

La primera pregunta del formulario admitía cuatro respuestas. Ninguno de los organismos consultados afirmó tener constancia de que sus funcionarios no utilizaran asistentes de inteligencia artificial.

Entre las tres instituciones que declararon no haber relevado el tema está AGESIC, la agencia que conduce la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030 y fija los lineamientos que siguen los demás organismos del Estado. En su respuesta aclaró que está elaborando recomendaciones que incluirán esa identificación.

La información que maneja un organismo público no llega a sus manos por un acuerdo con el ciudadano. Quien presenta una denuncia, se atiende en un hospital público o tramita una jubilación entrega sus datos porque una norma se lo exige o porque no existe otra oficina donde realizar ese trámite. Y se los entrega al organismo, no al funcionario que procesa el expediente. El artículo 24 de la Constitución hace al Estado civilmente responsable del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos: quien responde por esa información es el organismo, con independencia de quién la haya manipulado.

La Ley N.º 18.331 le reconoce a cualquier persona el derecho de preguntarle a un organismo qué datos suyos tiene y a quién se los entregó. Ese derecho no depende de que haya ocurrido un incidente ni de que el ciudadano sospeche algo: se ejerce en cualquier momento y el organismo tiene que poder contestarlo. Para contestarlo necesita saber qué información salió de su ámbito, hacia dónde y cuándo.

Una regla escrita sobre qué puede introducirse en estas herramientas cumple tres funciones en ese esquema: fija un criterio único para todos los funcionarios del organismo, deja constancia de quién lo fijó y permite revisarlo cuando cambian las herramientas o las condiciones del proveedor. Donde no existe, el criterio lo define cada funcionario frente a cada expediente, y el organismo no tiene forma de saber cuál fue.

Solo cuatro organismos declararon haber clasificado qué datos pueden introducirse

El formulario consultó si los organismos del Estado cuentan con dos herramientas para orientar el uso de asistentes de inteligencia artificial. La primera es una política o instructivo de uso: un documento que establece cómo pueden utilizar estas herramientas los funcionarios. La segunda es una clasificación de datos: un esquema que ordena la información del organismo en categorías —pública, reservada o confidencial— y define qué puede hacerse con cada una. En la práctica, esto permite saber qué información puede ingresarse en un asistente de I.A. y cuál no.

Doce de los 19 organismos no respondieron este punto. Cinco informaron que cuentan con una política o un instructivo de uso y cuatro, con una clasificación de datos. El BPS y el BCU son los únicos que dijeron tener ambas herramientas. Otros ocho señalaron que tienen al menos uno de estos documentos en elaboración: reconocen que la regulación es necesaria, pero todavía no la terminaron.

Declarar que existe una clasificación de datos y acreditarla son cosas distintas. De los cuatro organismos que dijeron contar con una, solo dos aportaron el documento.
ANCAP adjuntó su Política de Clasificación, Etiquetado y Tratamiento de la Información, que establece categorías y condiciones generales para almacenar y hacer circular información, pero no contiene referencias a inteligencia artificial. El BCU remitió a una resolución de su directorio, publicada en su sitio web, que clasifica la información con un alcance también general.

El BPS no adjuntó el documento que dijo aplicar. AGESIC, por su parte, se remitió a las leyes de protección de datos personales y de acceso a la información pública: normas generales, no una clasificación propia del organismo.

La obligación de reserva alcanza a todo funcionario, tenga o no su organismo una regla sobre inteligencia artificial: no hace falta una norma nueva para que copiar una historia clínica en un servicio externo constituya una falta. Lo que la mayoría no hizo fue traducir esa obligación general en una instrucción concreta sobre estas herramientas: qué puede escribirse en ellas, qué no, con qué cuenta y qué ocurre si se hace.

El problema aparece aunque la empresa proveedora cumpla íntegramente con lo que promete. La información sale del ámbito del organismo hacia un servidor de un tercero, en otro país, y desde ese momento el organismo no puede decir dónde está ni cuánto tiempo permanece allí. La Ley N.º 18.331 de protección de datos personales le reconoce a cualquier persona el derecho de preguntarle a un organismo qué datos suyos tiene y a quién se los entregó; el organismo que no registró ese traslado no está en condiciones de contestar. Sin una regla escrita ni manera de detectarlo, tampoco hay nada que distinga dos situaciones distintas: la del funcionario que usa la cuenta que su organismo contrató, con las condiciones de confidencialidad que ese contrato incluye, y la del que abre la versión gratuita del mismo servicio con su correo personal, donde esas condiciones no rigen.

Los primeros usos declarados de inteligencia artificial generativa en el Estado uruguayo son de fines de 2023. En julio de 2026, cuando llegaron las últimas respuestas, la mayoría de los organismos seguía sin escribir esas reglas.

La alternativa institucional es una función del paquete de ofimática

Entre las medidas que listaba el formulario había una que aparece como la respuesta natural al problema: proveer una alternativa institucional segura, es decir una herramienta que el organismo contrata a su nombre, con un contrato de por medio, para que el funcionario no tenga que recurrir a la versión gratuita. Ocho de los 19 organismos declararon tener una.

En siete de esas ocho respuestas la herramienta declarada es un producto de Microsoft o de Google, y en la mayoría de los casos no fue adquirida para este fin: es una función que vino incorporada al paquete de correo, almacenamiento y ofimática que el organismo ya tenía comprado, y que se activó sobre las cuentas existentes. ANCAP explicó que sabe que sus funcionarios usan inteligencia artificial «porque se cuenta con licencias de Copilot Chat y Microsoft 365 Copilot»; ese Copilot Chat quedó disponible en noviembre de 2023 para todos los usuarios de su dominio corporativo. La UTEC y Ceibal administran la suite donde el asistente ya viene integrado. El BCU es el único que declaró operar además modelos instalados en su propia infraestructura, que procesan la consulta sin enviarla a un tercero.

Lo que vuelve segura a esa alternativa es, en la descripción de los propios organismos, una cláusula del contrato de compra: los acuerdos corporativos de Microsoft y de Google establecen que la información de sus clientes institucionales no se emplea para entrenar los modelos. La UTEC declaró usar «Gemini for Google Workspace, bajo acuerdo corporativo con Google con condiciones documentadas de confidencialidad y protección de datos», sin adjuntar esas condiciones. Ninguno de los ocho aportó el contrato que sostiene la garantía que invoca.

Queda entonces sin documentar qué ocurre con la información una vez cargada: en qué servidores queda almacenada, bajo qué jurisdicción, cuánto tiempo se conserva y quién puede consultarla. Son las preguntas que la Ley N.º 18.331 vuelve exigibles ante cualquier tratamiento de información de terceros.

Uno de los 19 organismos declaró monitoreo; ninguno bloquea el acceso

Las otras tres medidas consultadas apuntan a lo que ocurre cuando el funcionario ya está usando estas herramientas. Un canal de reporte de incidentes permite avisar cuando algo salió mal. Los sistemas de monitoreo o prevención de fuga de datos inspeccionan la información que sale de la red del organismo y pueden registrar o impedir el envío de datos sensibles. El bloqueo técnico de dominios, en cambio, impide directamente el acceso a determinados servicios desde los equipos del organismo público.

Una alternativa institucional solo protege mientras el funcionario decida utilizarla. El monitoreo y el bloqueo operan de otra manera: pueden actuar sin depender de esa decisión. Sin embargo, son también las medidas menos extendidas. Solo uno de los 19 organismos declaró monitoreo y ninguno informó bloquear técnicamente el acceso a estos servicios.

Hay otra brecha. Cinco de los ocho organismos que ofrecen una alternativa institucional no declararon contar con una clasificación documentada de los datos que pueden introducirse en ella. Pusieron la herramienta a disposición de sus funcionarios sin haber acreditado antes qué información puede cargarse y cuál debe quedar fuera. Y solo uno de esos ocho, el BPS, declaró contar con monitoreo, aunque no precisó su alcance ni si permite registrar las consultas realizadas.

Nueve responsables declarados, ninguno con acto administrativo

La última pregunta de la sección de la solicitud de acceso a la información pública buscaba identificar quién responde, dentro de cada organismo, por el uso de la inteligencia artificial. El formulario pedía cinco datos sobre esa responsabilidad —cargo, nombre, dependencia jerárquica, dedicación horaria y un canal público de contacto— y el acto administrativo que formalizara la designación. Ese documento permite dejar constancia de quién tiene asignada la función y bajo qué autoridad, más allá de una referencia informal o de un cambio de autoridades.

Nueve organismos declararon tener un responsable o un área a cargo de la gobernanza de inteligencia artificial. Ninguno de los nueve acompañó el acto administrativo, ni siquiera los que marcaron tener un «área formal con asignación documentada». En seis de esos nueve casos la respuesta señala un comité, una gerencia o un equipo de trabajo, sin informar quién responde por la función ni cómo se lo contacta.

El BCU es el único que informó los cinco datos. Su respuesta identifica a la «Gerenta de Tecnología de la Información, Ing. Virginia Barboza, dependiente de Gerente General, en promedio 20 horas mensuales».

Ese último dato permite algo que ninguna otra respuesta permite: poner la gobernanza en horas. El mismo organismo declaró un inventario de 17 proyectos y sistemas de inteligencia artificial, entre ellos varios que operan sobre las entidades financieras que supervisa. Gobernar ese conjunto tiene asignada aproximadamente una jornada laboral al mes. En los otros 18 organismos el dato no fue informado, de modo que no hay con qué comparar.

Once de los 19 organismos declararon alguna formación de su personal sobre uso responsable de inteligencia artificial, cuatro de ellos como programa formal y recurrente y el resto como actividades puntuales. Es la medida más extendida y no es una medida de control: orienta al funcionario, pero no impide ni registra el envío de información.

Quienes no informaron

La Ley N.º 18.381 admite que un organismo se niegue a entregar información, pero no en cualquier caso: tiene que existir una resolución previa que declare reservada esa información y hay que explicar qué daño concreto causaría difundirla. Cinco organismos no aportaron los datos pedidos.

El Ministerio del Interior no respondió de ninguna manera: ni de fondo, ni con una negativa, ni pidiendo la prórroga que la ley permite. Vencido el plazo del artículo 15, el artículo 18 habilita el amparo informativo, un juicio breve en el que un juez puede ordenarle al organismo que entregue lo que se le pidió.

Ninguno de los cinco fue puntuado ni computado en los porcentajes que siguen. No conocer qué medidas adoptaron no equivale a saber que no adoptaron ninguna, y contarlos como ceros haría caer todos los resultados sin evidencia que lo respalde.

Los resultados

El sistema de puntaje se definió antes de enviar el formulario. Cada opción tenía un valor asignado: una política aprobada por el jerarca sumaba tres puntos y un documento en elaboración, uno; declarar una clasificación de datos sumaba dos y no tener ninguna, cero. Las seis preguntas permitían alcanzar un máximo de 15 puntos por organismo. Así fue posible comparar respuestas que llegaron en formatos muy distintos y, al mismo tiempo, mantener un criterio verificable: cada organismo puede reconstruir su puntaje a partir de lo que respondió.

El puntaje no mide si un organismo cumple con la ley ni si las medidas que declaró funcionan en la práctica. Mide el grado de gobernanza que surge de sus respuestas en las dimensiones consultadas: cuánto conoce sobre el uso de estas herramientas, qué reglas ha formalizado y qué medidas concretas declaró haber adoptado.

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